María Laura Chang / @MarilaChang
Foto: Primero Justicia
Este miércoles 18 de febrero el diputado William Fariñas, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, aseguró que se iba a iniciar el debate y los procedimientos legales en el parlamento para allanarle la inmunidad al diputado y coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio Borges. Esto entraría, el martes 24 de febreo, en la agenda de la próxima Sesión Ordinaria.
Tras la denuncia hecha por el primer mandatario nacional este jueves 12 de febrero, el presidente de Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dio detalles del supuesto plan de golpe de Estado y magnicidio. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, vinculó al diputado Julio Borges y dijo que uno de los generales involucrados en la “Operación Jericó”, el general Oswaldo Hernández, lo acusó de ser quien escogió los blancos a bombardear.
Según Cabello, los “objetivos del ataque militar” a ejecutarse con el avión Tucano serían la sede del Sebin, Plaza Venezuela, Zona Rental, Ministerio de la Defensa, Alcaldía Mayor, Alcaldía Libertador, TSJ, Ministerio de Educación, Seguro Social, Cancillería de Venezuela, Banco Central de Venezuela, Fiscalía General de Venezuela.
Por Twitter, el diputado respondió a las acusaciones de la siguiente manera:
30 veces en 2 años han inventado “magnicidios” y “golpes”. Todo para tapar la realidad del empobrecimiento de los venezolanos.
— Julio Borges (@JulioBorges) febrero 19, 2015
Para allanar la inmunidad de Julio Borges, luego de debate, la mayoría de los diputados deben estar a favor de presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los alegatos que lo involucran en la actividad delictiva. Si el TSJ se pronuncia a favor de allanar su inmunidad (Art.266 de la CRBV), nuevamente la mayoría de la AN debe aprobar la medida para así poder ser juzgado.
Marco legal
El artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”.
En el artículo 25 del reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional se menciona además que una vez recibida la solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea procederá a designar una comisión especial que se encargará de estudiar el caso. Luego, dentro de los treinta días siguientes deberán crear un informe pormenorizado con una proposición sobre la procedencia o no de la autorización solicitada. Asimismo, señala que la comisión podrá recabar de cualquier otro órgano del Estado o de particulares, la información que necesite.
Sería el cuarto diputado
Durante el período 2011-2015 ya tres diputados habrían sido despojados de su inmunidad, bajo sospecha de cometer hechos de corrupción. En julio de 2013, fue a Richard Mardo luego de denuncias de Diosdado Cabellos, en noviembre del mismo año a María Aranguren bajo señalamientos de peculado doloso mientras se planeaba aprobar la Ley Habilitante para el presidente Maduro y a Juan Carlos Caldera a principios de 2014, pero el diputado renunció a su curul una vez que el TSJ apronbó la moción.
La abogada y dirigente opositora, Liliana Hernández, sostiene que en el caso de Borges “no hay un señalamiento claro” por parte del gobierno. Asegura que las pruebas que manejan carecen de argumentación real y están basadas únicamente en la declaración de una persona que ni siquiera ha dado la cara. En su criterio, no debe proceder el allanamiento a su inmunidad. Sin embargo, Hernández considera que esto responde a la crisis por la que atraviesa el país y a la falta de liderazgo de Nicolás Maduro, cuyo propósito sería retomar el control sembrando el miedo en la disidencia.
La noche de este jueves, como consecuencia de la presunta detención del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, Julio Borges se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente:
Persiguen para desmoralizar, distraer, hacer creer que es imposible cambiar, no es así. Mayoría hoy está decidida a que el país cambie. — Julio Borges (@JulioBorges) febrero 19, 2015